La campaña presidencial de Paloma Valencia entra en la recta final en modo bunker: su sede en Chapinero amaneció con grafitis, daños y denuncias de robo de elementos de la fachada, mientras gobierno local y nacional tratan de controlar la narrativa.

Lo que dice la campaña: "odio político" y falta de garantías

Desde el uribismo y la campaña Valencia–Oviedo el episodio no es “un simple vandalismo”, sino parte de una secuencia dirigida contra su sector. Denuncian que un grupo irrumpió para “grafitear las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento”¹.

En sus comunicados enlazan este ataque con los hechos en Antioquia, donde un grupo “vinculado al Pacto Histórico intimidó a la esposa del expresidente Álvaro Uribe dentro de su propia residencia” con frases ofensivas pintadas en los muros aledaños¹³. Todo esto, advierten, configura una “peligrosa escalada de odio político” y “evidencia la falta de garantías para la oposición en Colombia”¹³.

La oposición mediática: del caso concreto al choque con Petro

Medios críticos del gobierno amplifican el relato de persecución, pero le añaden un ángulo incómodo para la Casa de Nariño: se preguntan si el presidente Gustavo Petro termina, de facto, justificando los daños al pronunciarse sobre la “ley de las fachadas” y el alcance de las protestas frente a sedes políticas². Así, el caso Chapinero se convierte en laboratorio simbólico sobre hasta dónde puede llegar la protesta y dónde empieza la intimidación.

Versión institucional: condena y control del orden

Desde el gobierno local, la línea es otra: se presenta el hecho sobre todo como un acto vandálico electoral que debe investigarse, más que como prueba de un plan sistemático contra la derecha. La prioridad declarada es identificar responsables, reforzar la seguridad y garantizar que todos los actores políticos –de cualquier orilla– puedan hacer campaña sin ataques físicos³.

En el papel, todos condenan la violencia. En la práctica, unos ven un síntoma de polarización alimentada desde el poder; otros, un episodio grave pero acotado que no justifica hablar de persecución. En la calle, los ladrillos y las fachadas ya son el nuevo campo de batalla.