El pulso entre paz y legalidad en Medellín se tensó al máximo: mientras el Gobierno apostaba por la “Paz Urbana” dando aire a siete cabecillas criminales, el Consejo de Estado pisó el freno y los devolvió de lleno al radar de la justicia.

Gobierno vs. togados

El Gobierno de Gustavo Petro había reconocido a siete jefes de estructuras criminales como interlocutores en los diálogos de Paz Urbana y, con apoyo de una resolución de la Fiscalía, les había logrado la suspensión de sus órdenes de captura.¹ La idea: darles movilidad para negociar el desmonte de estructuras armadas de alto impacto en el Valle de Aburrá.

El Consejo de Estado, sin embargo, vio en ese beneficio más improvisación que estrategia jurídica. La Sala Contencioso Administrativa decretó una medida cautelar de urgencia y suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 72 de 2026 que levantaba esas capturas.² El alto tribunal cuestionó que la Fiscalía no realizó una verificación material, autónoma y suficiente de los requisitos legales exigidos para esos beneficios.²

Oposición y Gobernación: mano dura, no cheques en blanco

Desde Antioquia, la Gobernación no solo protestó: demandó la nulidad de la resolución que había flexibilizado la acción penal, detonando la intervención del Consejo de Estado.¹² Para la oposición, la decisión reivindica que no se puede negociar paz entregando impunidad anticipada a figuras con amplio prontuario: “siete cabecillas reconocidos por el gobierno… volvieron a entrar en el radar de la ley”.¹

El mensaje de los jueces es claro: la suspensión de capturas no puede ser una medida “discrecional y generalizada”, sino estrictamente justificada y evaluada caso por caso.² Entre la apuesta política por la paz urbana y el corsé jurídico del Estado de derecho, el experimento del Gobierno quedó, por ahora, en pausa… y los cabecillas, otra vez, en la mira de la Fuerza Pública.¹