La muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas no solo destapó la trágica ruta de un procedimiento estético clandestino: abrió una nueva batalla de relatos sobre quién debe responder y cómo se presenta el caso ante la opinión pública.

Coincidencia en el diagnóstico, choque en el relato

Ambas orillas políticas parten del mismo hecho duro: Medicina Legal concluyó que Toloza murió por una embolia pulmonar tras someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, en el sur de Bogotá.¹²

La prensa cercana a la línea oficialista enfatiza el avance técnico del proceso: resalta que el caso “ha entrado en una fase determinante” con la captura de cinco personas vinculadas al establecimiento y con una necropsia que explora hipótesis como trombosis, embolia grasa pulmonar, reacción a anestésicos o shock hipoanémico por hemorragia no controlada.¹ El foco está en el rigor forense, los tiempos de los estudios histopatológicos y toxicológicos, y en el mensaje de advertencia contra centros clandestinos sin UCI ni especialistas.¹

El cubrimiento crítico, en cambio, toma la misma conclusión médica —“Yulixa Consuelo Toloza Rivas habría muerto por una embolia pulmonar, según estudios realizados por Medicina Legal”²— para poner el acento en la cadena de omisiones: la mujer fue reportada como desaparecida, su cuerpo apareció en Apulo, Cundinamarca, y “no hay registro de que la paciente fuera trasladada a un centro asistencial para su atención” pese a su deterioro progresivo tras el procedimiento.²

Seguridad sanitaria vs. responsabilidad política

Mientras el enfoque alineado con el Gobierno usa el caso como ejemplo de los riesgos de la estética ilegal y del trabajo institucional —capturas, audiencias, peritazgos—,¹ la mirada de oposición subraya la precariedad de la regulación y la falta de respuesta oportuna del sistema de salud frente a un cuadro de embolia pulmonar que, con atención inmediata, puede ser potencialmente salvable.²

El cadáver de Yulixa habla el mismo idioma científico para todos. La disputa está en quién asume el costo político de que haya terminado en una camilla clandestina en lugar de en una UCI.