Nicaragua se aferra al oro chino como tabla de salvación económica mientras se hunde en sanciones y opacidad. La nueva concesión de 1.800 hectáreas en Estelí no es un simple trámite minero: es un síntoma de un modelo que cambia de socios, pero no de reglas.

El relato oficial implícito: diversificación bajo presión

Aunque el régimen no lo diga en voz alta, el contexto es claro: tras las sanciones de Estados Unidos al sector aurífero, el gobierno ha convertido a las firmas chinas en su principal póliza de seguro. La undécima concesión a New Era Mining Development Company S.A. llega precisamente “tras las sanciones impuestas por United States al sector aurífero nicaragüense”¹.

En los números, el giro luce rentable: las exportaciones mineras sumaron 2.009,2 millones de dólares en 2025, un salto del 44,4 % respecto a 2024¹. El mensaje implícito del oficialismo: con China, la mina sigue produciendo y las sanciones se esquivan.

La oposición: “invasión minera” y captura del territorio

La oposición y organizaciones críticas pintan un cuadro muy distinto. Hablan ya de “invasión minera china en Nicaragua”, con 83 lotes entregados a 18 empresas que abarcan más del 8,5 % del territorio nacional, incluyendo áreas protegidas e indígenas¹.

Los medios opositores destacan que con esta decisión “Nicaragua otorga la undécima concesión minera a empresa china tras sanciones de EE.UU.”¹ y que el “régimen suma otras 1,800 hectáreas al control minero chino”², subrayando la concentración de poder económico en manos de aliados estratégicos del orteguismo.

Legalidad vs. legitimidad

Sobre el papel, la concesión de Loma Monte Redondo otorga derechos exclusivos de exploración y explotación por 25 años e incluye la exigencia de permisos ambientales previos². Pero mientras Washington denuncia que el oro sostiene a la “dictadura” y premia la “incautación forzosa” de propiedades¹, la oposición responde que no se trata solo de minería, sino de quién manda realmente sobre el subsuelo —y sobre el país.