La rebaja de los peajes en la Autopista del Café es presentada como victoria ciudadana y gesto de diálogo del Gobierno, pero también deja preguntas abiertas sobre sostenibilidad financiera y trato equitativo frente a otras regiones.

Lo que celebra el Gobierno

Desde la orilla oficial, el anuncio es casi de manual: diálogo exitoso, alivio al bolsillo y recuperación de la movilidad. La ANI selló un acuerdo para aplicar tarifas diferenciales en varios peajes de la concesión Autopistas del Café, en Caldas, después de una extensa mesa con comunidades y autoridades locales.¹

El titular habla por sí solo: “conductores pagarán $700” en peajes donde la tarifa para autos y buses era de $17.800, un recorte dramático para categorías I y II.¹ La entidad detalla que los habitantes de municipios del área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas serán los beneficiados, siempre que acrediten su residencia y registren su vehículo ante las alcaldías.¹

En la narrativa gubernamental, el acuerdo es fruto de “más de 10 horas” de reuniones y de la búsqueda de alternativas para levantar las protestas que venían bloqueando la movilidad en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento.² La resolución del Ministerio de Transporte que formalizará tarifas, población beneficiaria y requisitos llegará la próxima semana, se promete.

Lo que falta por discutir

El énfasis oficial está en el alivio inmediato, pero los mismos reportes dejan ver la otra cara: la concesión vial aún no ha sido formalmente notificada del acuerdo,¹ y para las categorías superiores solo se habla de una reducción “proporcional”, sin cifras claras.²

Mientras tanto, otras regiones con quejas similares miran de reojo: si la combinación de bloqueos y mesas de diálogo consigue que un peaje pase de $17.800 a $700,² el listón de las expectativas quedó peligrosamente alto.