La elección más reñida en décadas dejó un país partido en dos y a un candidato, Iván Cepeda, con un pie en el reconocimiento del resultado y el otro en una batalla jurídica masiva por decenas de miles de mesas.

Cepeda: entre el respeto al resultado y la ofensiva jurídica

Desde el campo afín al Gobierno se insiste en un mensaje dual: se acata, pero se pelea. Cepeda reconoce el preconteo que da como ganador a Abelardo de la Espriella, pero lo define como “un dato que aún no es oficial”¹. En la noche electoral habló de impugnar 33.000 mesas en todo el país², cifra que al día siguiente elevó a 57.180 al incluir votos del exterior³.

Los medios cercanos al oficialismo subrayan que, pese a la ofensiva judicial, el resultado es difícil de revertir: la diferencia es de 0,95 puntos porcentuales y el margen de error del escrutinio suele ser de apenas 0,1 o 0,2 puntos². Aun así, Cepeda promete que “una vez se produzca el escrutinio final y se hayan hecho las verificaciones, reconoceremos el resultado oficial”⁴ y reivindica que su movimiento “respeta las reglas democráticas”⁴.

Oposición: aceptar el conteo, cuestionar los tiempos

Desde medios críticos, el foco está menos en el discurso democrático y más en la letra menuda del reglamento electoral. Se recuerda que Cepeda “acepta el resultado preliminar” pero abre un proceso de impugnación sobre unas 33.000 mesas por posibles inconsistencias⁵, y que promete “reconocer el resultado final del escrutinio” una vez se tramiten sus recursos⁶.

El choque viene con los expertos: el exregistrador Juan Carlos Galindo advierte que las reclamaciones debieron hacerse en mesa o en las comisiones locales y municipales y que, si no se presentaron a tiempo, “ya después no se pueden impugnar”⁷. El abogado de Cepeda, Miguel Ángel del Río, sostiene lo contrario y asegura que “todavía están a tiempo para sacar adelante las reclamaciones”⁷.

En resumen: el Gobierno vende prudencia institucional, la oposición ve un pulso jurídico al borde del reglamento y, en la mitad, millones de votos pendientes de que los jueces digan la última palabra.