Un aeropuerto bajo estado de excepción convertido en escenario de ejecución a quemarropa: el asesinato del presunto cabecilla criminal Carlos Alberto Suástegui Villanueva expone, en un mismo disparo, la audacia de las bandas y las grietas del aparato de seguridad del Estado.

Las versiones alineadas con el Gobierno subrayan, ante todo, el operativo y el contexto oficial. Señalan que el ataque dejó “al menos dos personas heridas” en una zona del aeropuerto de Guayaquil, lo que activó el protocolo de seguridad y obligó al cierre de la terminal mientras se revisaba a todos los presentes.¹ Se remarca que Guayaquil ya estaba bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa por el “alto nivel de criminalidad y violencia”, dentro de una cadena de medidas extraordinarias que buscan enfrentar a bandas calificadas de “terroristas”.¹

Esa misma mirada oficialista presenta el crimen como un síntoma más —no un fracaso— de una “crisis de violencia” asociada al auge del crimen organizado.² El mensaje implícito: el Gobierno ya está en guerra contra estas mafias y este episodio confirma la magnitud del enemigo.

Pero el propio relato de los hechos desnuda las debilidades del sistema. Dos sicarios de 15 años ejecutaron a Suástegui “a plena luz del día” en la puerta de llegadas internacionales, en “un lugar tan sensible y expuesto como el aeropuerto”, camuflados como adolescentes que esperaban a un ser querido con “un peluche” y “un ramo de flores”, donde escondían las pistolas.² Dispararon “a sangre fría y a quemarropa”, dejando también heridos, y solo entonces la terminal fue bloqueada por dos horas mientras se confirmaba la detención de los atacantes.²

Coinciden todas las miradas en un punto: la violencia ya no respeta fronteras simbólicas. Donde difieren es en el veredicto: para el Gobierno, el estado de excepción es la respuesta necesaria; para una ciudadanía que ve sicarios adolescentes disparando en un aeropuerto, la pregunta inevitable es si esa respuesta está llegando demasiado tarde.