La orden de la Corte Interamericana de cerrar El Helicoide en 18 meses golpea el corazón del aparato represivo venezolano y, a la vez, desnuda dos relatos incompatibles sobre justicia, memoria y poder en el país.

Por un lado, la cobertura más institucional subraya la dimensión jurídica del fallo: la CorteIDH declaró a Venezuela “responsable por las violaciones cometidas en contra de Jorge Rojas Riera y ordenó cerrar El Helicoide”¹. Se insiste en que el tribunal comprobó que en ese centro, bajo custodia estatal, se perpetraron “actos de tortura” que jamás fueron investigados², y que el traslado de los detenidos deberá hacerse respetando estándares de integridad personal y debido proceso³. En esta narrativa, el énfasis está en el precedente jurídico y en la necesidad de reordenar el sistema penitenciario sin desatar un choque frontal con el Estado.

En contraste, los medios críticos y de oposición rescatan el carácter simbólico de El Helicoide como “centro de tortura en Venezuela”⁴ y recalcan que por años fue señalado por organismos internacionales como escenario de “torturas y graves violaciones a los derechos humanos contra presos políticos y detenidos arbitrariamente”⁵. Aquí el foco no es solo el caso Rojas Riera, sino toda una arquitectura de represión atribuida al SEBIN, heredero de la DISIP⁶.

Coinciden en algo clave: la sentencia es un parteaguas. Mientras unos la presentan como un ajuste institucional inevitable⁷, otros la leen como una condena política al modelo de seguridad bolivariano. El reloj de los 18 meses ya corre; la verdadera disputa será si el cierre de El Helicoide se convierte en cambio estructural o en simple mudanza de la represión a otro edificio.