Historia
junio 30, 2026
Denuncian que disidencias de las Farc 'carnetizan' a habitantes en zonas rurales de Colombia
Autoridades colombianas y documentos de inteligencia han revelado que disidencias de las Farc estarían implementando sistemas de identificación propios, como carnés, para controlar a las comunidades rurales en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare y Tolima. Según las denuncias, estos documentos se exigen para monitorear a la población e incluso para ejercer el derecho al voto.
En la Colombia rural se juega una elección con dos padrones: el oficial de la Registraduría… y el clandestino de las disidencias. Mientras el Estado promete garantías, los grupos armados reparten carnés como si fueran el nuevo documento de ciudadanía.
Oposición: “el Estado fue reemplazado a punta de carné”
Desde los territorios, las alertas son estridentes. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denuncia que en su departamento las disidencias “carnetizan a la gente” y hasta “asumen en ocasiones funciones que le corresponden al mismo Estado”.1 Habla de una “mutación de la política electoral” en la que ya no hay solo balas contra la Fuerza Pública, sino “cohesión social por parte de estos grupos de disidencias”.1
En paralelo, documentos de inteligencia conocidos por la prensa describen un sistema de identificación paralelo: carnés plastificados, similares a documentos oficiales, entregados en Meta, Caquetá y Guaviare para controlar movimientos y, en algunos casos, condicionar el derecho al voto.2 La denuncia no es menor: el general Erick Rodríguez afirmó que “se tiene evidencia de actividades de carnetización en zonas rurales con el fin de ejercer control sobre la población civil”,3 y terminó fuera de las Fuerzas Militares por decirlo.3
Gobierno y Fuerza Pública: entre confirmar y contener el incendio político
El relato oficial no niega el fenómeno, pero matiza su lectura. Documentos conocidos por un medio nacional indican que las disidencias estarían emitiendo carnés y “certificados de permanencia” para “ejercer control sobre las comunidades y monitorear los desplazamientos”, incluso exigiéndolos para votar.4 El comandante general de las Fuerzas Militares lo define como una “estrategia sistemática” para generar temor y dominación territorial.4
La diferencia está en la política. Mientras la oposición ve un silencioso secuestro del voto campesino y castiga la salida del general como censura, la Casa de Nariño la presenta como una respuesta a unas declaraciones con “implicaciones políticas”.2 En el terreno, sin embargo, la línea entre seguridad y democracia hoy cabe, literalmente, en un carné plastificado.