Venezuela se lanza a “reformar” su justicia penal, pero la gran incógnita sigue intacta: ¿cambio de fondo o simple rebranding institucional? La consulta nacional promete escuchar a todos, mientras crece el temor de que el remedio termine reforzando el control político sobre jueces y fiscales.

El gobierno vende el proceso como una apertura sin precedentes. La Gran Consulta Nacional busca discutir nueve “grandes temas”, desde el retardo procesal y el acceso a la justicia hasta la ética y la independencia judicial.¹ El Ministerio Público y la presidencia encargada hablan de un despliegue nacional con participación de comunidades, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores, incluso mediante consultas digitales.¹ La narrativa oficial insiste en una “mirada autocrítica” para “revisar cada uno de los procesos” y “transformar” las prácticas del sistema penal.¹

En la misma línea, Delcy Rodríguez convirtió el arranque de la consulta en un acto de puño sobre la mesa: ordenó crear una plataforma digital y una línea “0800 extorsión” para denunciar a funcionarios que chantajeen a los ciudadanos, prometiendo “acabar con la matraca y la extorsión” y “hacer justicia por los policías honestos” y jueces probos.³ El gobierno encuadra la reforma como un antídoto contra el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza.³

Pero incluso desde espacios alineados con el oficialismo se cuelan dudas. Runrun.es describe el proceso como un intento de construir un “diagnóstico integral” y una “hoja de ruta” para una transformación estructural del Poder Judicial,² al tiempo que advierte que la reforma se mueve “entre la resolución de la impunidad y la imposición de la justicia comunal”.⁴ Sectores académicos reclaman centrarse en la idoneidad de los operadores de justicia y en el respeto estricto a las leyes vigentes, mientras vocerías comunales empujan por dar carácter vinculante a las conciliaciones vecinales ante fiscalías y tribunales.²

En el papel, la consulta promete participación amplia y herramientas tecnológicas para acercar la justicia al ciudadano.¹ En la práctica, el pulso real será entre dos fuerzas: una que dice querer desmontar la impunidad y otra que podría terminar reemplazándola por una justicia cada vez más territorializada… y más controlada.