Familiares de presos políticos volvieron a plantarse frente al Ministerio Público en Caracas, pero esta vez el reclamo ya no es solo por excarcelaciones pendientes: es por un sistema que, según ellos, promete en cadena nacional y se esconde cuando toca firmar boletas de libertad.

Lo que dicen las familias

Los manifestantes denuncian “inacción del fiscal” Larry Devoe ante violaciones de derechos humanos y del debido proceso, una crítica que ya marca la agenda informativa del día.¹ Reclaman que se incumplieron las excarcelaciones anunciadas por Jorge y Delcy Rodríguez, pese a los recientes anuncios de amnistía y nuevas tandas de liberaciones.²

En el caso específico PDVSA-Obrero, familiares de 78 detenidos llegaron con flores blancas de cartulina y la consigna “juicio y libertad”. Denuncian que, aunque ya liberaron a 51 y luego a 19 trabajadores, las medidas parecen “aleatorias” y piden que se extiendan a todos los presos por la misma causa.³

Desde otra arista, portavoces recuerdan que en la última visita a la Fiscalía se acordó recibir un dossier con denuncias, pero “aún no tenemos respuesta”, por lo que acusan al Ministerio Público de incumplir acuerdos y exigen: “No más mentiras”.⁴

Lo que muestra (y oculta) el discurso oficial

Las liberaciones recientes son presentadas por el gobierno como prueba de buena voluntad: forman parte de una amnistía aprobada en febrero y de un paquete de hasta 500 excarcelaciones anunciadas por los hermanos Rodríguez.⁴ Sin embargo, ONG y familiares contabilizan apenas “más de 40” liberados, muy por debajo de la cifra prometida.⁴

Mientras el oficialismo exhibe casos emblemáticos —militares detenidos casi diez años y exfuncionarios de la Policía Metropolitana— como trofeos de reconciliación,⁴ las familias recuerdan que, según Foro Penal, siguen existiendo 409 presos políticos, 39 de ellos extranjeros.⁴

En resumen: el gobierno habla de lista de excarcelados; las familias muestran una lista mucho más larga… de ausentes.