El pulso entre Gustavo Petro y los jueces entró en zona roja: el máximo tribunal contencioso-administrativo le recordó al presidente que en época electoral el micrófono del Estado no es megáfono de campaña.

Lo que decidió el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral en cualquier medio institucional o red social, al concluir que incumplió las restricciones de neutralidad política que cobijan a los servidores públicos.¹ La Sala dejó claro que el mandatario está plenamente sujeto al artículo 38 de la Ley 996 de 2005, la Ley de Garantías, que prohíbe participar en actividades de propaganda electoral usando medios oficiales o su investidura.²

Desde la orilla más gubernamental se subraya que la medida busca “preservar la imparcialidad de la función pública y evitar que la comunicación oficial favorezca a cualquier partido, agrupación o movimiento político”.¹ Es decir: la decisión sería más una línea amarilla para todos los funcionarios que un castigo personalizado contra Petro.

Gobierno vs. oposición: dos lecturas del mismo fallo

Los cercanos al Gobierno destacan que el tribunal definió la prohibición como un “deber de conducta negativa”, un recordatorio general de que los servidores deben abstenerse de mensajes partidistas en TV, radio y redes oficiales, “con especial énfasis en las autoridades de elección popular, como el Presidente”.¹ En esta clave, el fallo se lee como un ajuste institucional dentro de las reglas del juego, no como una derrota política.

La oposición, en cambio, lo celebra como un frenazo directo al proyecto petrista. Resalta que la decisión “fijó un límite al uso de escenarios institucionales y redes sociales para fines proselitistas”, al responder a una acción de cumplimiento de FEDE Colombia que denunciaba una estrategia “reiterada y sistemática” de promoción del Pacto Histórico y descalificación de la oposición desde cuentas personales y espacios oficiales.²

Para los críticos, el mensaje del Consejo es inequívoco: el presidente sí violó la neutralidad política, ignoró alertas previas de la MOE y la Procuraduría, y usó discursos como el de Ibagué —donde llamó a una mayoría “progresista” y a entrar en “modo constituyente”— para ligar reformas oficiales con victorias electorales.²

Entre la lectura técnica del Gobierno y la lectura punitiva de la oposición, una constante: el árbitro acaba de marcar la cancha de la campaña 2026, y la palabra “neutralidad” será desde ahora munición política diaria.