Los techos ardiendo en Barinas no solo quemaron colchones: incendiaron también el discurso oficial sobre derechos humanos en las cárceles venezolanas. Mientras el gobierno habla de mediación y pesquisas, los presos y sus familias describen un infierno bajo custodia del Estado.

Presos y ONG: motín contra torturas

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los internos del Internado Judicial de Barinas subieron a los techos, quemaron colchonetas y exigieron la destitución del recién nombrado director, Elvis Macuare, denunciando “golpizas y torturas” y requisas violentas que destruían sus pertenencias.¹²³ La ONG Provea pidió la “actuación inmediata” de Fiscalía y Defensoría para resguardar la vida de los presos, invocando las Reglas Mandela de la ONU.⁴

Familiares describen traslados en autobuses con ventanas cerradas y cortinas abajo, sin listas ni información oficial, y denuncian que “siguen sin acceso a la verdad, justicia ni responsables plenamente identificados”.⁵ OVP exige “información clara” sobre quiénes fueron movidos, advirtiendo que muchas familias no tienen recursos para viajar a otros estados a ver a sus parientes.⁶

Gobierno: reacción tardía pero vistosa

Golpeado por las denuncias, el Estado reaccionó con una mezcla de control y maquillaje institucional. Primero, la destitución fulminante de Macuare tras la violenta rebelión de unos 1.200 hombres y más de 100 mujeres, donde los reclusos mostraron pancartas con mensajes como “No más tortura”.³ Luego, una ola de traslados masivos y la evacuación de 112 mujeres hacia otros penales.³

El Ministerio Público anunció la designación de la Fiscalía 49 Nacional en materia de derechos humanos y aseguró que “continuará velando por el respeto” de esos derechos en los centros penitenciarios.⁷ La Defensoría del Pueblo, por su parte, se presentó en el penal para “verificar la integridad física” de los detenidos y “escuchar directamente sus solicitudes”, reivindicando su rol como garante y mediador.⁸⁹

El contraste: papeles sellados vs. ventanas cerradas

Sobre el papel, hay fiscales, comisiones y comunicados; sobre el asfalto frente a Injuba, hay madres sin información viendo salir autobuses repletos de internos que gritan su destino entre cortinas forzadamente bajadas.⁵ El gobierno exhibe protocolos; las ONG documentan torturas. En Barinas, la brecha entre el relato oficial y la realidad carcelaria sigue siendo tan visible como el humo de las colchonetas quemadas.