Bolivia y Colombia están jugando al espejo diplomático: expulsión va, expulsión viene, mientras ambos gobiernos juran defender la “no injerencia” metiéndose de lleno en la política del vecino.

La versión cercana al gobierno boliviano subraya el origen del choque: las palabras de Gustavo Petro sobre que “Bolivia vive una insurrección popular”, enmarcadas en su crítica a la “soberbia geopolítica” y a la existencia de presos políticos.¹ Para La Paz, eso cruzó una línea roja. La expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García se presenta como una defensa de la soberanía y del gobierno de Rodrigo Paz, en medio de una crisis interna con protestas crecientes y un Evo Morales prófugo, acusado en un caso de presunta relación con una menor.¹

Desde esa orilla, la narrativa es clara: no hay golpe, hay un gobierno acosado, al que incluso Washington respalda frente a lo que califica como intento de “golpe de Estado”.¹ Analistas liberales en X añaden que el trasfondo es un modelo económico agotado: “escasez de divisas, inflación y un Estado sobredimensionado reflejan el agotamiento de un modelo que limitó la libertad económica y debilitó las instituciones”.Félix Maradiaga (maradiaga)²

Del lado colombiano, la prensa crítica al gobierno Petro enfatiza la torpeza política de la salida: primero el presidente habla de “insurrección popular”, y luego la Cancillería responde a la expulsión de García cesando, “por reciprocidad”, las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel.³ Al mismo tiempo, el propio comunicado insiste en que “no ha mediado [...] el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia” y ratifica el compromiso con la no intervención.³

En resumen: Bolivia acusa injerencia pero evita romper relaciones; Colombia replica con simetría diplomática mientras niega haber intervenido. Ambos gobiernos se presentan como defensores de la democracia, pero usan la crisis del otro como escenario para su propia batalla ideológica.