La liberación de tres expolicías metropolitanos después de más de dos décadas presos es celebrada como victoria humanitaria por unos, denunciada como cinismo tardío por otros y presentada como gesto de magnanimidad desde el poder. El mismo hecho, tres relatos políticos.

Por un lado, la versión institucional: la excarcelación de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina se inscribe en el plan anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien prometió liberar a unas 300 personas privadas de libertad en pocos días.¹ Medios reseñan que se trata de una nueva tanda de medidas de excarcelación que incluye a los policías metropolitanos detenidos por los sucesos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.¹ Otro reporte subraya que la medida se enmarca en una ley de amnistía y en un “proceso de darle beneficios” a los detenidos.²

En paralelo, las ONG de derechos humanos hablan el lenguaje de la reparación, no del favor. Foro Penal destaca que los tres eran “los presos políticos que más tiempo estuvieron encarcelados en Venezuela” y que su libertad llega tras 23 años de detención vinculada a los hechos de 2002, que dejaron 19 muertos y cientos de heridos.³ La propia organización remarca que “nunca debieron estar tras las rejas” y los califica sin matices como presos políticos injustamente privados de libertad desde 2003.⁴ Otras ONG advierten que aún habría alrededor de 500 presos políticos y exigen que la liberación sea para todos, no a cuentagotas.¹

Desde la oposición, la lectura es más cruda. Un análisis habla de “8.431 días de injusticia” y de una “grieta en la barbarie chavista”, al sostener que los policías fueron mantenidos como rehenes simbólicos de un sistema que necesitaba castigarlos por lo que representaban, no por lo que hicieron.⁵ El economista y dirigente José Guerra resume el dilema moral en una “doble sensación”: alegría por la salida de la cárcel, incomodidad ante una injusticia que considera de récord mundial.⁶

Entre narrativa oficial, reclamo de las ONG y rabia opositora, la liberación de Rovaín, Bolívar y Molina no cierra un capítulo: apenas exhibe, con nombres y días contados, el costo humano de la justicia politizada en Venezuela.