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Nov 7, 2026

Venezuela quita la cárcel por “odio”, pero la disidencia ve otra forma de castigo

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma que reemplaza la prisión por multas y trabajo comunitario. El oficialismo promete convivencia sin persecución; oposición, ONG y periodistas alertan que el poder sancionador sigue intacto.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, dio primera aprobación a la reforma de la Ley contra el Odio: elimina las condenas de 10 a 20 años de cárcel para conductas que no deriven en violencia física o afectación grave de derechos, y las sustituye por multas y, en algunos casos, trabajo comunitario. También rebautiza la norma como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Convivencia.

Para el oficialismo, el cambio busca contener el discurso violento sin repetir los excesos de una norma cuestionada desde 2017. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró que están “empeñados en que esta reforma de ley no se instrumentalice para la persecución de nadie”, aunque defendió la necesidad de una legislación de convivencia ante el riesgo de una nueva escalada política.

La oposición lee el mismo texto en sentido inverso. Amelia Belisario sostiene que la ley original “sirvió para perseguir la disidencia” y rechaza que el Ministerio de Interior quede a cargo de aplicar las nuevas sanciones administrativas. Williams Dávila fue más frontal: reemplazar la prisión por multas de hasta 10.000 dólares, afirmó, equivale a “cambiar los barrotes por la quiebra financiera” de críticos y medios independientes.

Las organizaciones de derechos humanos coinciden con ese diagnóstico, pero añaden una deuda pendiente: reparación. Veinticuatro ONG advirtieron que la propuesta no contempla liberar presos políticos ni cerrar causas abiertas; además, denuncian que términos como “hostigamiento” conservan una amplitud que podría castigar “la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pone números al temor: documentó desde 2020 la judicialización de al menos 27 trabajadores de medios bajo el artículo 20 de la ley. A su juicio, las multas, de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial, pueden producir autocensura y asfixiar a periodistas, pequeños medios y trabajadores independientes.

La disputa, por tanto, no es solo sobre cuánto castiga la ley, sino sobre quién decide qué constituye odio. El oficialismo promete corrección; sus críticos exigen derogación, garantías y reparación antes de aceptar que el nuevo traje implique un cambio real.

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