La denuncia de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro entró en una fase incómoda: la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias, pero la mujer que relata una presunta red de contratos a cambio de encuentros sexuales perdió a su abogado justo antes de ampliar su testimonio.

Felipe Caballero renunció alegando motivos de seguridad, una decisión que, según reportes, impidió la comparecencia prevista de Jiménez ante la Fiscalía. La denunciante ya había ratificado su versión ante la Corte Suprema y ofrecido entregar su celular para que la Policía Judicial examinara la información que dice conservar.¹ Su relato habla de entre 30 y 40 mujeres que habrían atravesado situaciones semejantes, una acusación todavía sometida a verificación judicial.

Caballero no se retractó al salir. Por el contrario, afirmó estar «aún más convencido de que Deicy cuenta la verdad» y sostuvo que la prioridad es que ella y otras mujeres puedan declarar y aportar elementos de prueba.² También insiste en que la declaración ya practicada conserva validez: su retirada, dice, no paraliza el expediente.

La otra cara del caso es la respuesta frontal de Petro. El expresidente rechaza los señalamientos y sostiene: «Nunca he cometido delitos en mi vida sexual». A su juicio, «el intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier humano en Colombia».³

Entre ambas narrativas hay un punto común, aunque con sentidos opuestos: el caso debe pasar de las afirmaciones públicas a la prueba. La Fiscalía ya abrió una noticia criminal para indagar posibles irregularidades en el Dapre y contempla escuchar a exdirectoras de la entidad.³ Para Jiménez, esa ruta puede respaldar su denuncia; para Petro, debería demostrar que no hubo delito. La renuncia del abogado no resuelve esa disputa: la desplaza, con más presión, hacia los investigadores.