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Nov 4, 2026

Venezuela elimina la cárcel de la Ley contra el Odio, pero no el temor a la censura

La reforma sustituye penas de prisión por multas y trabajo comunitario, una corrección que el chavismo presenta como garantía contra la persecución. Oposición, periodistas y organizaciones digitales advierten que el poder sancionador del Ejecutivo sigue intacto.

La Asamblea Nacional dio el primer paso para desmontar el rasgo más severo de la Ley contra el Odio: las condenas de 10 a 20 años de cárcel. El proyecto las reemplaza, cuando no haya violencia física o afectación grave de derechos, por multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial y por trabajo comunitario. También elimina la revocación de concesiones a medios y suaviza las sanciones contra organizaciones políticas.

Para el chavismo, el cambio busca corregir los abusos sin renunciar a una norma que considera necesaria ante la polarización. Jorge Rodríguez aseguró que están “empeñados en que esta reforma de ley no se instrumentalice para la persecución de nadie”, aunque defendió la necesidad de una legislación de convivencia frente al riesgo de que reaparezcan llamados a la confrontación civil.

La oposición no discute que se elimine la prisión; cuestiona quién conservará el poder de castigar. La diputada Amelia Belisario resumió la objeción: “Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”. Su bancada pide derogarla, no reformarla, porque las nuevas sanciones administrativas quedarían bajo la órbita del Ministerio de Interior y Justicia, señalado por críticos como parte del problema.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa coincide en que cambiar barrotes por multas no repara nueve años de aplicación punitiva. Reporta al menos 27 trabajadores de prensa judicializados desde 2020 y alerta que las sanciones pueden asfixiar a periodistas independientes, medios pequeños y ciudadanos, alimentando la autocensura. Exige además cerrar expedientes, levantar restricciones y reparar a los afectados.

La disputa se extiende al terreno digital. Mientras Rodríguez afirmó que “ya se liberaron todos los portales de los medios”, VE sin Filtro lo contradijo: contabiliza 140 dominios aún bloqueados, incluidos medios y herramientas para evadir censura. Esa brecha entre el anuncio oficial y la conectividad real refuerza la sospecha central de los críticos: la reforma puede rebajar la pena, pero no despeja el control.

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