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Nov 6, 2026
Venezuela elimina la cárcel por “odio”, pero la disputa por la censura sigue abierta
La reforma sustituye penas de hasta 20 años de prisión por multas y trabajo comunitario. El oficialismo la presenta como un freno a la persecución, mientras oposición, prensa y activistas alertan que el poder de castigar la expresión permanece en manos del Ejecutivo.
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma que rebautiza la Ley contra el Odio como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Convivencia. Su cambio más visible es contundente: las penas de 10 a 20 años de prisión por mensajes considerados de odio pasarían a ser infracciones administrativas, con multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial y, en ciertos casos, trabajo comunitario.1
Para el oficialismo, la enmienda pretende corregir la aplicación de una norma que se convirtió en emblema de la confrontación política. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, sostuvo que el chavismo está «empeñado en que esta reforma de ley no se instrumentalice para la persecución de nadie».2 La propuesta también elimina la posibilidad de revocar concesiones a medios y suaviza las restricciones directas a organizaciones políticas, sustituyéndolas por exhortaciones y deberes de promoción de la convivencia.1
La oposición no ve una rectificación suficiente, sino un cambio de herramienta. La diputada Amelia Belisario resumió el rechazo de la bancada Libertad: «Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia».2 Su objeción central es institucional: el Ministerio de Interior y Justicia conservaría facultades para investigar y decidir sanciones, precisamente el organismo al que atribuyen aplicaciones irregulares de la ley.2
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa coincide en que retirar la cárcel no equivale a desmontar el mecanismo punitivo. Advierte que las multas, de enorme magnitud para periodistas independientes y medios pequeños, pueden inducir autocensura; además, reclama revisar procesos, levantar restricciones y reparar a quienes fueron perseguidos. El SNTP dice haber documentado desde 2020 la judicialización de al menos 27 trabajadores de prensa mediante la norma.3
La disputa se proyecta también sobre internet. Mientras Rodríguez afirmó que «ya se liberaron todos los portales de los medios de comunicación», VE sin Filtro contabilizó 140 dominios todavía bloqueados, incluidos sitios informativos y herramientas para eludir censura.4 Ahí está la prueba política que exigen los críticos: no basta con cambiar el castigo si persiste quién decide qué puede decirse y leerse.