La batalla por las cifras de la represión en Venezuela se libra en tribunales… y en el terreno del relato. Mientras el gobierno presume “institucionalidad”, las propias ONG aliadas históricamente al chavismo jurídico denuncian que la detención preventiva se ha convertido en una pena sin sentencia.

Foro Penal: la ley está escrita, pero no se cumple

Foro Penal pone números a lo que define como una distorsión del sistema penal: 87 presos políticos llevan más de dos años en detención preventiva sin sentencia firme, y 57 ya superaron el límite excepcional de tres años previsto por el Código Orgánico Procesal Penal.¹ La organización advierte que esta “prolongación indefinida” viola garantías fundamentales y convierte la prisión preventiva en castigo político encubierto.²

En sus balances públicos, el vicepresidente Gonzalo Himiob insiste en que “todos tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares”, en aplicación directa del ordenamiento jurídico venezolano.³ Foro Penal además desmonta triunfalismos oficiales: desmiente la versión de una liberación masiva de 50 militares, y solo reconoce 15 excarcelaciones verificadas.²

Relato oficial vs. realidad procesal

Desde la narrativa gubernamental, se subraya que los procesos se rigen por la ley y que las excarcelaciones puntuales prueban el “funcionamiento” de la justicia. Sin embargo, los propios reportes sobre presos políticos en “prisión preventiva prolongada” muestran que, en la práctica, el límite legal de tres años se viola de forma sistemática.⁴

Ahí está la contradicción central: el discurso oficial habla de legalidad, mientras las cifras de una ONG con trayectoria en acompañar casos penales revelan que el Estado usa la detención preventiva como herramienta de presión política. Para Foro Penal, no se trata de reformar leyes, sino de cumplir las que ya existen.

En el papel, la justicia venezolana tiene plazos claros. En la realidad, 87 casos recuerdan a diario que el reloj judicial puede quedarse congelado… cuando hay disidencia de por medio.