En La Guajira, la línea que separa la atención en salud de la maquinaria electoral quedó brutalmente difuminada: brigadas médicas aparecieron, no con jeringas y fórmulas, sino con tarjetones y consignas a favor de Iván Cepeda. El pulso ahora no es solo por la Presidencia, sino por la legitimidad del Estado en uno de los territorios más vulnerables del país.

Lo que denuncian oposición y organizaciones de pacientes

Según revelaciones de EL COLOMBIANO, funcionarios del Hospital de Nazareth —una E.S.E. intervenida por el gobierno Petro— habrían usado los Equipos Básicos de Salud para "promover abiertamente" la candidatura de Cepeda en rancherías de Uribia, con chalecos institucionales, tarjetones y publicidad del Pacto Histórico para hacer "pedagogía del voto" en comunidades wayúu.¹ Otra pieza de la misma investigación describe cómo, en videos, una funcionaria pregunta en wayuunaiki quién es “nuestro gallo” y la comunidad responde al unísono: “Cepeda”.²

Organizaciones de pacientes hablaron de denuncia de “extrema gravedad” y exigieron a Procuraduría, Contraloría y Defensoría revisar el posible uso de recursos públicos de salud para proselitismo, recordando que estos equipos se financian “para llevar atención médica a las comunidades, no para hacer política”.¹ Sectores de oposición enlazan el caso con el rosario de procesos por participación en política que ya enfrenta el presidente Petro y parte de su gabinete.³

La respuesta institucional del hospital

Tras la explosión del escándalo mediático, el agente interventor del Hospital Nazareth, Larry Laza Barrios, anunció una investigación interna y se desmarcó de los hechos. En un comunicado, la E.S.E. “rechaza de manera categórica cualquier conducta” de personas vinculadas al hospital que, usando uniformes o distintivos institucionales, realicen actividades ajenas a la prestación de servicios de salud o que puedan interpretarse como proselitismo.⁴

El hospital también aseguró que “ninguna directiva, dependencia o servidor autorizado” ha impartido instrucciones para actividades político-partidistas con la imagen institucional y prometió medidas administrativas y legales contra quienes afecten el “buen nombre” y la credibilidad de la entidad.⁴

El contraste de fondo

De un lado, oposición y organizaciones de pacientes ven un caso emblemático de captura política de la red pública de salud y de uso “descarado” de recursos oficiales en campaña.¹³ Del otro, la administración del hospital intenta contener daños alegando que, si hubo proselitismo, fue a espaldas de la dirección.

Entre ambos discursos queda una pregunta incómoda: ¿quién manda realmente sobre los recursos de salud en la Colombia profunda cuando se entra en temporada electoral?