Un cese de hostilidades detuvo, por ahora, una guerra entre pueblos hermanos en Silvia, Cauca. La tregua entre Misak y Nasa abre una puerta al diálogo, pero también expone la vieja herida: el Estado llega tarde a un conflicto que tiene siglos de historia y muertos muy recientes.

Gobierno: tregua, propuestas y foto con Petro

La narrativa oficial apuesta por el desescalamiento técnico y rápido. Desde Bogotá se destaca que ya “hay propuestas para resolver la disputa territorial entre los Nasa y Misak” en materia de tierras, esclarecimiento de los hechos, protección de la niñez y apoyo psicosocial, que serán enviadas a las autoridades indígenas para su revisión tras los días de duelo.¹

El Ejecutivo también vende como logro político la cita en Casa de Nariño: Misak y Nasa acordaron asistir a un encuentro con el presidente Gustavo Petro tras la tregua alcanzada con mediación de la Defensoría, la OEA y la ONU.² En esa versión, el conflicto aparece como una crisis aguda que se “gestiona” con mesas, resoluciones y garantes.

Comunidades: duelo, desconfianza y deuda histórica

Sobre el terreno, el balance es brutal: siete muertos y más de cien heridos según unos reportes,¹ seis muertos y 105 heridos según otros.³ Los acuerdos inmediatos son profundamente humanos: permitir la extracción del cadáver de un comunero Misak y la entrega de retenidos, dentro de un proceso para “superar el conflicto territorial” y desescalar las tensiones verbales y en redes.³

Mientras el gobierno habla de propuestas futuras, los historiadores recuerdan que las raíces vienen del siglo XVI, cuando la Corona española otorgó títulos superpuestos a comunidades Páez (Nasa) y Guambiana (Misak).² Hoy, los Nasa se amparan en una resolución de 2025 de la Agencia Nacional de Tierras que les adjudica unas 900 hectáreas,² mientras los Misak insisten en que se trata de territorio ancestral e incluso denuncian que alertaron al Estado durante meses sin respuesta efectiva.²

¿Tregua o pausa incómoda?

Para el gobierno, el conflicto “se supera”.³ Para las comunidades, apenas se congela. Entre una foto con Petro y la memoria de un cementerio más grande cada año, la verdadera disputa no es solo por 900 hectáreas en un páramo, sino por quién define, de una vez por todas, qué significa justicia indígena en Colombia.