El Niño ni siquiera ha tocado con fuerza y Colombia ya discute si se prepara para un verano duro o si está exagerando el miedo al apagón. Mientras el Gobierno insiste en que hay holgura, los generadores advierten que el reloj corre y que la ventana para evitar una crisis se mide en meses, no en discursos.

Gobierno: control técnico, no pánico

Desde la órbita oficial y medios afines se plantea el reto como manejable si se actúa con orden. Se habla de empresas que deben alistarse para un posible racionamiento, revisar planes de contingencia y asegurar continuidad operativa: “¿Cómo deben prepararse las empresas para un posible apagón por el fenómeno de El Niño?”¹.

La ANLA, además, exhibe gestión regulatoria: convoca una mesa técnica con Hidroituango “ante el inminente riesgo por el fenómeno de El Niño”² y recalca que ya otorgó permisos para elevar la cota del embalse, siempre que la empresa cumpla los trámites ambientales. En paralelo, el Ejecutivo transmite calma: pese a la tensión con las generadoras, el Ministerio de Minas “descartó un escenario de apagón” y asegura que la capacidad instalada basta para la demanda actual³.

Sector privado y oposición: alarma con fecha de vencimiento

Al otro lado, el relato es menos tranquilizador y más urgente. Los gremios advierten que “la preocupación crece en el sector energético” y que es “urgente elevar los niveles de los embalses” y saldar los 1,4 billones de pesos que el Gobierno adeuda a las termoeléctricas para poder encenderlas ya⁴. La consigna es clara: cada gota que no se ahorre hoy se lamentará cuando llegue la sequía.

El tono se eleva cuando Andesco afirma que “Colombia tiene menos de 4 meses para evitar una crisis energética”⁵. Alertan de cinco riesgos simultáneos —clima, falta de energía firme, gas insuficiente, estrechez financiera y mayor demanda— que podrían desembocar en racionamiento, y recuerdan que entre 65% y 70% de la matriz depende de embalses ya bajo presión hídrica⁵.

Choque frontal: confianza vs. preparación

El resultado es un pulso político y técnico: de un lado, el Gobierno, que apuesta a la narrativa de la suficiencia y la gestión ambiental ordenada; del otro, las generadoras y la oposición, que exigen decisiones impopulares —más térmicas, más reservas, más pagos— para evitar que el próximo verano se decida a punta de velas.