Colombia y Bolivia acaban de chocar de frente en la autopista diplomática latinoamericana: expulsiones cruzadas, acusaciones de injerencia y un telón de fondo de crisis social y económica.

Dos versiones de la misma "reciprocidad"

Desde la orilla cercana al Gobierno, la narrativa es quirúrgica: la Cancillería colombiana expulsó “por reciprocidad” a Ariel Percy Molina, encargado de la Embajada de Bolivia en Bogotá, tras la salida forzada de la embajadora Elizabeth García en La Paz.¹ El énfasis está en el formalismo: Bogotá responde con la misma moneda, pero deja “abierta la puerta” a colaborar en iniciativas de diálogo por la paz y la estabilidad de Bolivia.¹

La visión crítica subraya otro ángulo: el “Gobierno Petro expulsó al encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá” como reacción directa a la decisión de La Paz de sacar a la embajadora colombiana por supuesta “injerencia” en asuntos internos.² Es decir, menos diplomacia medida, más choque político provocado desde la Casa de Nariño.

Petro, Paz y la línea roja de la injerencia

Ambos relatos coinciden en el detonante: Gustavo Petro calificó las protestas bolivianas como una “insurrección popular” y afirmó que en ese país están “matando” al pueblo, ofreciéndose como mediador.¹ Para el gobierno de Rodrigo Paz, esas palabras son un ataque directo a su legitimidad; para los afines a Petro, una lectura solidaria de una crisis regional.

Mientras la prensa cercana al Gobierno enmarca el episodio dentro de la “peor debacle financiera” de Bolivia desde los años 80, con bloqueos, inflación al 14 % y un presidente obligado a reestructurar su gabinete,¹ la mirada opositora en Colombia ve una Cancillería tratando de apagar el incendio que encendieron los micrófonos del propio Petro.

En el papel, todos juran defender la no injerencia. En la práctica, la política regional sigue escribiéndose a punta de expulsiones y adjetivos.