La puerta de Yare II se abrió, pero las rejas siguen ahí, solo que ahora son judiciales y no de hierro. Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela se venden como avance, mientras ONG y familiares las describen como un “respiro” en medio de un sistema que casi no cambia.

Por un lado, el relato oficial y sus afines enfatiza la cifra y el gesto político: “libertad condicional para 16 presos políticos del caso ‘Pdvsa Obrero’ en Venezuela”¹. La narrativa encaja con la línea de un gobierno que, tras una polémica ley de amnistía que dejó a muchos fuera, presume de estar corrigiendo excesos anteriores y respondiendo a gestiones ante comisiones parlamentarias y la Defensoría del Pueblo¹.

Del otro lado, las ONG especializadas desmontan el triunfalismo. Foro Penal registra con precisión: “Hasta ahora hemos verificado 13 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy desde Yare II. Las personas excarceladas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad”². En otras palabras, cambio de celda: de la cárcel al régimen de presentación y controles judiciales.

Los medios independientes complejizan aún más el cuadro: hablan de “varios presos políticos” excarcelados, entre ellos trabajadores de PDVSA Amuay del caso PDVSA Obrero y recuerdan que, según familiares, todavía quedan al menos 85 personas detenidas ligadas a ese expediente³. La etiqueta “al menos 13 presos políticos” excarcelados se repite, pero siempre acompañada del recordatorio clave: “permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad”⁴.

Incluso cuando se confirma que la ONG Foro Penal certifica “la excarcelación, con medidas cautelares, de al menos trece presos políticos”⁵, el contraste es brutal: mientras el discurso cercano al poder habla de avance y “bienvenida a la libertad”, las organizaciones de derechos humanos insisten en que no se trata de libertad plena, sino de una tregua frágil en un país donde aún se cuentan cientos de presos políticos.